La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es la obligación que tiene el Estado español de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de las administraciones. Esta responsabilidad patrimonial presupone la existencia de un daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la existencia de un derecho o interés protegido

Asesoramos sobre reclamación de indemnizaciones por las siguientes causas:

• Cambio de la ordenación territorial o urbanística
• Fuera de ordenación
• Vinculaciones y limitaciones singulares.
• Modificación o extinción de licencias
• Anulación de licencias
• Demora injustificada en el otorgamiento de licencias
• Denegación improcedente de licencias
• Alteración de los criterios y las previsiones facilitadas en la contestación de consulta a las Administraciones competentes.
• Anulación de medidas de protección de la legalidad urbanística.
• Inactividad de la Administración en el ámbito urbanístico.
• Incumplimiento de los convenios urbanísticos
• Elaboramos informes urbanísticos, alegaciones, recursos administrativos, e interponemos recursos contencioso administrativos ante los Tribunales