La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es la obligación que tiene el Estado español de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de las administraciones. Esta responsabilidad patrimonial presupone la existencia de un daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la existencia de un derecho o interés protegido
Asesoramos sobre reclamación de indemnizaciones por las siguientes causas:
- Cambio de la ordenación territorial o urbanística
- Fuera de ordenación
- Vinculaciones y limitaciones singulares.
- Modificación o extinción de licencias
- Anulación de licencias
- Demora injustificada en el otorgamiento de licencias
- Denegación improcedente de licencias
- Alteración de los criterios y las previsiones facilitadas en la contestación de consulta a las Administraciones competentes.
- Anulación de medidas de protección de la legalidad urbanística.
- Inactividad de la Administración en el ámbito urbanístico.
- Incumplimiento de los convenios urbanísticos
- Elaboramos informes urbanísticos, alegaciones, recursos administrativos, e interponemos recursos contencioso administrativos ante los Tribunales.